La
Nacion, Sábado 28 de Diciembre de 2002
Editorial I
Nuevo ataque a la familia
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por 29 votos
contra 10, aprobó recientemente la ley de "uniones civiles",
que permite inscribir las uniones de dos personas mayores de edad "que
convivan en una relación de afectividad estable y pública,
análoga a la familiar, con independencia de su sexo y orientación
sexual, y así otorgarles los mismos derechos y beneficios que a
los parientes, matrimonios, esposos y/o cónyuges".
.
Resulta decepcionante comprobar que a la marcada decadencia institucional
y política que estamos viviendo se suma una declinación
de las instituciones civiles fundamentales, en especial aquellas fundadas
en el matrimonio y la familia. Sostener que una unión homosexual
es merecedora de protección legal en condiciones asimilables a
las de la familia legítima, fundada en la unión natural
entre el hombre y la mujer, como establece el Código Civil, resulta
francamente desalentador.
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El argumento sostenido para defender la iniciativa es el de la necesidad
de combatir la discriminación. Para ello se pretende consagrar
legalmente una igualdad que la naturaleza no ha previsto, cuando en realidad
es evidente que frente a las diferencias que se invocan en las leyes,
justamente, nada pueden hacer.
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Hemos dicho antes de ahora en esta misma columna que en el afán
de imitar lo inimitable se llega al extremo de que una de las formas propuestas
para disolver la llamada unión "civil" es precisamente
el matrimonio, con lo cual se coloca la institución que es base
y sostén de la sociedad, el consorcio natural que asegura la especie,
al mismo nivel que un remedo de unión que sólo satisface
la vanidad de los que la contraen, que aspiran a igualar lo que es esencialmente
diverso. En cuanto a la unión heterosexual, conocida jurídicamente
como concubinato, tampoco necesita de una regulación especial distinta
de la que actualmente ya tiene en materia previsional.
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La llamada discriminación juega en varios sentidos en esta triste
experiencia de desintegración de las instituciones base de la sociedad
contemporánea. En efecto, aun prescindiendo de las objeciones de
orden constitucional sobre la falta de atribuciones de los gobiernos locales
para legislar sobre materia que es privativa de las leyes de fondo, está
claro que la Legislatura local ha avanzado indebidamente con el dictado
de esta ley. Pero de inmediato, como en un orquestado y afinado coro de
voces, han aparecido otras legislaturas locales que no quieren ser "discriminadas"
y pretenden también contar con uniones civiles como las de los
porteños. Es probable que el próximo paso sea la pretensión
de reformar el Código Civil y el matrimonio tal como lo conocemos.
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Ya se conocen algunos intentos de conceder la adopción de menores
a parejas homosexuales de uno y otro sexo, práctica que se ha difundido
en algunas legislaciones extranjeras, supuestamente progresistas. ¿Cómo
podría educarse la sexualidad de los niños si las mencionadas
"uniones" pudiesen adoptarlos?
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Los aspectos privados de las personas, aun sus preferencias sexuales apartadas
del orden natural, deben quedar reservadas a su intimidad, y en modo alguno
necesitan la protección de una regulación especial, pues
son suficientes las normas que regulan las sociedades, los condominios
y los seguros de vida, de retiro o de pensión, para atender privadamente,
sin necesidad del apoyo estatal, las uniones de este tipo que se quieran
concertar.
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Diversas instituciones y colegios de abogados se han pronunciado en contra
de esta iniciativa disolvente y lo han hecho con razón, pues la
ley debe tener un valor de ejemplaridad, debe -como decían los
maestros del Derecho- suscitar pautas de seguimiento. Y para eso debe
consagrar valores. En cambio, no hay ningún valor que merezca ser
especialmente exaltado en esta ley de la Legislatura local. La lucha contra
la discriminación es valiosa, pero éste no es en rigor un
caso de discriminación, pues sólo se discrimina entre iguales,
entre situaciones idénticas.
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Para contribuir a conservar la especie, fin supremo de toda sociedad humana,
la unión que se debe difundir y defender es la que conforman el
hombre y la mujer en el marco de la formalización matrimonial,
destinada a comunicar la vida y a fundar una familia transmisora de cultura
y célula básica del cuerpo social.
