Consecuencias del aumento: El ombudsman dio un portazo
Renunció a la comisión de renegociación de servicios públicos y critica al Ejecutivo.
El ombudsman
nacional, Eduardo Mondino, formalizó su renuncia a la Comisión
de Renegociación de Servicios Públicos, criticó al Poder
Ejecutivo Nacional por tomar medidas que "inciden" sobre temas incumbentes
a la comisión y advirtió sobre la pérdida en la calidad
de los servicios públicos en el corto plazo.
.
"Nos vamos porque la comisión nunca cumplió con su rol",
sostuvo Mondino en un comunicado distribuido ayer por la dependencia oficial
y recogido por la agencia Télam, en el que manifestó formalmente
su renuncia a seguir participando de la comisión creada por el Ministerio
de Economía.
.
Mondino advirtió que la conformación de dicha comisión,
creada durante la gestión de Jorge Remes Lenicov al frente del Palacio
de Haceinda, era una "nueva e inmejorable oportunidad para que el Estado
retome su rol activo", pero mientras se dilataba el trabajo en la comisión
"el Poder Ejecutivo dictó diferentes resoluciones y decretos que
desnaturalizaron el rol de la comisión".
.
"Mientras la Comisión de Renegociación se encontraba en
plena tarea de análisis de posibles alternativas, el Ejecutivo adoptó
decisiones que inciden directamente sobre cuestiones que eran propias de la
incumbencia de la comisión", aseguró el defensor del Pueblo.
.
Advirtió también que esta situación "conllevará
en el corto plazo a una pérdida en la calidad de los servicios públicos,
que ante la caída drástica en los niveles de consumo de la población
producirá una mayor destrucción de fuentes de trabajo".
.
Uno de los hechos criticados por Mondino fue el otorgamiento de un subsidio
a las concesionarias de servicio ferroviario de pasajeros del área
metropolitana.
.<< Comienzo de la notaEl ombudsman nacional, Eduardo Mondino, formalizó
su renuncia a la Comisión de Renegociación de Servicios Públicos,
criticó al Poder Ejecutivo Nacional por tomar medidas que "inciden"
sobre temas incumbentes a la comisión y advirtió sobre la pérdida
en la calidad de los servicios públicos en el corto plazo.
.
"Nos vamos porque la comisión nunca cumplió con su rol",
sostuvo Mondino en un comunicado distribuido ayer por la dependencia oficial
y recogido por la agencia Télam, en el que manifestó formalmente
su renuncia a seguir participando de la comisión creada por el Ministerio
de Economía.
.
Mondino advirtió que la conformación de dicha comisión,
creada durante la gestión de Jorge Remes Lenicov al frente del Palacio
de Haceinda, era una "nueva e inmejorable oportunidad para que el Estado
retome su rol activo", pero mientras se dilataba el trabajo en la comisión
"el Poder Ejecutivo dictó diferentes resoluciones y decretos que
desnaturalizaron el rol de la comisión".
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"Mientras la Comisión de Renegociación se encontraba en
plena tarea de análisis de posibles alternativas, el Ejecutivo adoptó
decisiones que inciden directamente sobre cuestiones que eran propias de la
incumbencia de la comisión", aseguró el defensor del Pueblo.
.
Advirtió también que esta situación "conllevará
en el corto plazo a una pérdida en la calidad de los servicios públicos,
que ante la caída drástica en los niveles de consumo de la población
producirá una mayor destrucción de fuentes de trabajo".
.
Uno de los hechos criticados por Mondino fue el otorgamiento de un subsidio
a las concesionarias de servicio ferroviario de pasajeros del área
metropolitana.
Suba de los Publicos
Admitió Economía
que habrá aumentos de tarifas
Regirían desde el mes próximo, pero no para todos los servicios;
temen un impacto inflacionario
Los incrementos se aplicarán en forma "progresiva y pausada",
dijo Lavagna
Las empresas privatizadas, con fuertes endeudamientos, vienen reclamando el
ajuste desde hace meses
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, admitió ayer que habrá
aumentos en las tarifas de servicios públicos, pero sostuvo que serán
aplicados "de manera progresiva, pausada y pautadamente".
Informó que el ajuste no se dará en todos los servicios, ya
que a algunas empresas se les prolongarán los contratos de las concesiones
en lugar de autorizarles aumentos tarifarios.
Pese a los reiterados reclamos de las empresas privatizadas, que en conjunto
adeudan cerca de 1000 millones de dólares en el exterior, el Gobierno
ha venido demorando la negociación para el ajuste de tarifas por el
temor a una fuerte incidencia en el costo de vida. Se estima que la desaceleración
de la inflación, que del 11 por ciento en abril cayó al 4 por
ciento en mayo y al 3,4 por ciento en junio, y el descenso en el valor del
dólar, contribuyeron a la decisión del Gobierno de considerar
el reajuste de las tarifas.
Economía todavía no definió qué servicios aumentarán
primero. Fuentes cercanas a las negociaciones estiman que los incrementos
regirían desde el próximo mes, aunque en el caso del gas sólo
subiría después del invierno, cuando el consumo es menor.
Desde enero pasado rige la ley de emergencia económica, que dispuso
el congelamiento de las tarifas por un plazo de 180 días, que vencen
a fines de este mes.
Las asociaciones de usuarios afirmaron que, en caso de que el Gobierno autorice
un alza en los servicios públicos, acudirán a la Justicia.
Admiten
una suba en servicios públicos
Lavagna dijo ayer que se hará de manera "progresiva, pausada y
pautadamente"; los aumentos serían de entre un 5 y un 10%
El aumento de las tarifas de servicios públicos sería una realidad
a fines de mes. Los técnicos del Ministerio de Economía están
ajustando los últimos detalles para poner la medida a consideración
del Poder Ejecutivo, ya que los aumentos deberán salir por decreto.
El ministro de Economía, Roberto Lavagna, dijo ayer en una entrevista
radial que en el tema de los contratos de las empresas de servicios públicos
privatizadas "habrá una mezcla de alto (sic) de (aumentos) de
tarifas de manera progresiva pausada y pautadamente y en algunos (otros) casos
la prolongación de los contratos, de manera de compensar por esa vía
lo que no se va a dar vía tarifa". "Se está trabajando,
pero no hay precisiones para esta semana", dijo un vocero de Economía.
.
"Vamos a acudir a la Justicia porque esto viola la ley de emergencia
nacional", advirtió, por su parte, Patricia Vaca Narvaja, de Consumidores
Argentinos.
Pero los tiempos apuran a los técnicos de la comisión: mañana
llegará a Buenos Aires una misión especial del Banco Mundial
(BM) para analizar, entre otras cosas, cómo se definirá la situación
con las privatizadas. Algunas empresas de servicios públicos, por ejemplo
Aguas Argentinas, cuentan con créditos de la Corporación Financiera
Internacional (CFI), para la expansión de sus servicios. Fuentes de
Washington explicaron a LA NACION que la CFI y el BM actúan por "cuerda
separada" y que éste no podría presionar al Gobierno para
que las empresas logren pagarle a la CFI. Sin embargo, las mismas fuentes
afirmaron que la administración Duhalde debe resolver "con urgencia"
el nuevo marco contractual con las privatizadas.
.
Prioridades
Por otra parte, fuentes de la Secretaría Legal y Administrativa del
Ministerio de Economía dijeron a LA NACION que dentro del esquema de
aumentos, las que tienen prioridad son las tarifas de los servicios públicos
esenciales, como la energía eléctrica o el gas, en los que podría
haber problemas de abastecimiento.
Los servicios públicos representan un 15% del índice de inflación
que calcula el Indec. Sin embargo, algunos analistas señalan que el
peso de los servicios representaría hoy entre un 21 y un 30 pro ciento
de la canasta familiar. Además, al igual que con los alimentos, en
los sectores de menores recursos el impacto de los servicios es mayor en el
gasto mensual. Dentro del plan de Economía, que busca atenuar el impacto
que un aumento puede tener en la inflación, una de las opciones es
concederles a las empresas aumentos escalonados, de entre un 5 y un 10%. Pero
no a todos los servicios al mismo tiempo: "Por ejemplo, se aumentaría
el gas, pero fuera de la temporada invernal, a partir de octubre", dijo
una fuente cercana a la comisión. .
"Los aumentos van a disparar la inflación y van a aumentar la
morosidad de los servicios", replicó el ombudsman nacional, Eduardo
Mondino, que renunció a la comisión porque "no cumplió
con su rol, que era velar por los derechos de los usuarios".
En las empresas la expectativa es alta, aunque tampoco tienen precisiones
acerca de qué es lo que les otorgará el Gobierno. Todas las
empresas, por ejemplo, solicitaron algún tipo de acuerdo marco o paraguas
para poder renegociar las deudas contraídas en el exterior, que entre
todas suman unos 1000 millones de dólares. Lavagna ha dicho en reiteradas
oportunidades, y ayer volvió a repetirlo, que no habrá seguro
de tipo de cambio.
"Todavía no sabemos nada", dicen en las empresas. "Pero
la sensación es que Lavagna finalmente entendió que el problema
de caja de las empresas es serio y puede afectar los servicios y los empleos.
Es imposible pensar en el aumento de cien pesos", dijo un ejecutivo de
una empresa de capitales franceses. De hecho, Telefónica de Argentina
fue la primera en anunciar un drástico plan de suspensiones entre su
personal contratado y que se encuentra fuera de convenio, que abarca entre
800 y 1000 personas durante un año. "Todas las tarifas están
retrasadas, pero también pedimos otras cosas, como que nos dejen pagar
con Lecop los impuestos y tasas", dijo un tercer ejecutivo.
Mañana, funcionarios de la ciudad de Buenos Aires se reunirán
con ejecutivos de Aguas Argentinas, Edenor, Edesur y Metrogas para solicitar
una tarifa social para los sectores más pobres.
La Nacion, martes 9 de julio de 2002
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