MÁS DE 600 FAMILIAS RECURREN A UNA ONG PARA QUE
TELEFÓNICA LES RESTITUYA EL SERVICIO

Morón, julio 18 (ANUM) - Cansados de pedir la
restitución del tendido de los cables telefónicos
robados hace más de 90 días y la suspensión de la
facturación, más de 600 familias de la ciudad de Grand
Bourg, en el partido de Malvinas Argentinas,
recurrieron a la Asociación por los Derechos Civiles
(ADC) para que intime a Telefónica a regularizar el
servicio.
Marta Angela Guzmán, una de las perjudicadas y
portavoz de los vecinos, aseguró que “desde el 27 de
marzo nos quedamos sin teléfono en un radio de 15
manzanas y la empresa responsable no atendió nuestros
reclamos para solucionarnos el problema y encima nos
envió la factura para que paguemos por no hablar”.

“Ante nuestra impotencia recurrimos a la Asociación
por los Derechos Civiles (ADC) porque hospitales,
comisarías, el cuartel de los bomberos y los teléfonos
públicos de la zona se quedaron sin un servicio vital
para casos de emergencia”, afirmó Guzmán a la agencia
de noticias de la Universidad de Morón.
Natalia Monti, integrante del staff de abogados de
la ONG que patrocina gratuitamente a los vecinos,
aclaró que “ADC presentó el 27 de junio una acción de
amparo colectiva con medidas cautelares para que
Telefónica restablezca el servicio y para que los
vecinos sólo abonen por los cuatro días de uso, por
los que deben pagar 90 centavos y no los 75 pesos que
reclama la empresa”.

Un grupo de vecinos indicó que la imposibilidad de
utilizar los teléfonos incrementó la sensación de
inseguridad del vecindario, porque no pueden llamar a
la Policía en caso de movimientos sospechosos o de
intentos de robos.
Monti, aseguró que “varios de las personas
damnificadas efectuaron el reclamo en la sucursal de
Pilar, que es la que les corresponde, y los empleados
se limitaron a señalarles que lo hicieran llamando al
114, cosa que realizaron aunque no sirvió de mucho”.
Guzmán aseguró que “algunos vecinos observaron
movimiento de gente con ropa de trabajo manipulando
los cables, y al suponer que eran de la empresa de
telefonía no sospecharon que semejante despliegue se
trataba de un grupo organizado para sustraer el
tendido”.
El mismo barrio soportó una situación similar entre
agosto y septiembre del año pasado, y efectuaron
reclamos en forma organizada hasta que la empresa
colocó nuevamente los cables.

En esta ocasión se recurrió a ADC, que mediante una
presentación judicial responsabilizó a la empresa de
telefonía por violar el Reglamento General de Clientes
del Servicio Básico Telefónico, que en su artículo
31(anexo 1) señala que “el reclamo que se realice
mediante el servicio 114, por interrupción del
servicio, o deficiencias en la calidad del mismo,
deberá ser reparado dentro de los tres días hábiles”.
La ADC sostuvo en su acción de amparo que “si la
causa del desperfecto técnico, deviene del robo de
parte del cableado y otros instrumentos y sabiendo que
esto mismo ya ha sucedido con antelación, es la
empresa demandada quien debe arbitrar los medios para
tratar de prevenir este tipo de trastornos en la
continuidad del servicio telefónico, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 22 de la Ley Nacional de
Telecomunicaciones número 19.798”.
El jefe de Comunicaciones Externas de Telefónica,
Eduardo Miravelli, sostuvo en declaraciones radiales
que "la empresa devuelve el servicio lo más pronto
posible, pero enseguida se vuelven a robar los cables.
Si el Estado no puede tutelar el patrimonio de las
empresas y los particulares, toda intimación carece de
sentido común. ".

Miravelli fue más preciso y advirtió que no
volverán a colocar los cables “hasta que no tengamos
la seguridad de que no volverán a ser robados, porque
nosotros no podemos poner un vigilante en cada
esquina”.
La situación se repite en muchos barrios del
conurbano bonaerense en los que miles de usuarios
quedaron incomunicados desde hace varios meses por el
continuo robo de cables de telefonía, lo que provocó
que los vecinos se reunieran en asambleas para tratar
de encontrar una solución definitiva al problema.
Por su parte, Monti confió que “en no más de un
mes, de acuerdo a los antecedentes, el juez podría
dictar la medida precautoria por lo que Telefónica
estaría obligada a restituir el servicio a los vecinos
de Gran Bourg, que padecen estos inconvenientes como
una de las derivaciones causadas por la interminable
crisis económica”.

EL INCREMENTO EN EL PRECIO DEL COBRE ES LA CAUSA DEL PROBLEMA
Morón, julio 18 (ANUM) - El aumento de la
cotización en el precio del cobre por la devaluación
del peso generó el surgimiento de organizaciones
dedicadas a robar cables telefónicos, fundir el metal
y venderlo por kilo a valor dólar.
Los usuarios del servicio telefónico,
principalmente del oeste del conurbano bonaerense, son
los más perjudicados por este nuevo tipo de modalidad
delictiva, debido a que en “el primer trimestre de
este año de los más de 115 kilómetros de cables
telefónicos robados en todo el país, la mayoría
corresponde al Gran Buenos Aires”, según material
informativo suministrado por Telefónica.
El jefe de Comunicaciones Externas de Telefónica,
Eduardo Miravelli, aseguró que “el precio del kilo de
cobre –materia prima de los cables- se multiplicó por
cinco desde diciembre, cuando se cotizaba a 60
centavos el kilo. Desde entonces los robos de cables
no dejan de aumentar”.
En los barrios Oro Verde y Puente Ezcurra de La
Matanza, de calles de tierra y completamente poceadas,
es común encontrar en los frentes de las casas
carteles con la siguiente leyenda: ‘Compro cobre, pago
3 pesos el kilo’, según afirmó Miravelli al
diariojudicial.com
Para la empresa de telefonía esa sería la causa de
los robos del cableado callejero, que se transformó en
un negocio rentable para diversos sectores, debido a
que con 100 metros de cables, una vez fundidos, se
obtiene más de 150 kilos de cobre.QUÉ ES ADC
Morón, julio 18 (ANUM) - La Asociación por los
Derechos Civiles (ADC), que patrocinó gratuitamente a
los 600 usuarios de Grand Bourg, es una organización
no gubernamental, apartidaria y sin fines de lucro
creada para promover el respeto por los derechos
civiles de las personas a través de los mecanismos
legales previstos por el sistema constitucional en la
Argentina.
Natalia Monti, integrante de la asociación, indicó
a ANUM que “la ADC fue creada por un grupo de abogados
y abogadas que creemos en la importancia de asumir
este compromiso, para lo cual nuestra principal
estrategia de trabajo es el patrocinio jurídico, que
en todos los casos se ofrece en forma gratuita”.
Además, Monti destacó la participación en la
entidad de “estudiantes avanzados de la carrera de
Derecho a fin de que aquellos que mañana ejerzan esta
actividad reconozcan el valor de la defensa de los
derechos civiles”.

Entre los casos más exitosos en los que intervino
la ADC se encuentran los siguientes:
* La batalla contra los edictos policiales: La Policía
Federal había condenado a seis jóvenes por el edicto
policial de “ebriedad”. La ADC presentó una apelación
ante el juez correccional contra ese edicto policial.
El juez hizo lugar al planteó y declaró su
inconstitucionalidad.
Este caso dio posibilidad a que se discutiera todo
el sistema de edictos mediante el cual la policía
podía detener a cualquier persona por conductas de
ebriedad, que a su vez determinaban ese estado sin
control médico alguno. Con el tiempo los edictos
policiales desaparecieron de la escena normativa del
país y la policía dejó de tener las facultades que ese
fallo había declarado inconstitucional.
* Transporte público para discapacitados: Una ley del
Congreso de la Nación dispone la obligatoriedad de
adaptar los vehículos de transporte público de
colectivos a las necesidades de los discapacitados
motrices. Para que esa obligación fuera exigible a las
empresas de transporte resultaba necesaria la
reglamentación de la normativa, aunque el plazo para
su dictado estaba holgadamente vencido. La ADC
presentó una acción de amparo y la reglamentación fue
dictada.
* Reclamo por cobertura social de IOMA: La ADC
presentó un planteo ante la Suprema Corte de la
provincia de Buenos Aires, patrocinando a una mujer de
apellido Bárcena para que se declarara la
inconstitucionalidad del régimen que implementaba
IOMA, según el cual, cuando una afiliada mujer deseaba
la cobertura de su cónyuge, debía pagar una suma extra
que, en cambio, no le era exigida al afiliado varón
que deseaba cubrir a su esposa. Existía una clara
discriminación contra las mujeres y la Corte consideró
que se violaba el derecho a la igualdad, por lo cual
hizo lugar al planteo de la ONG declarando la
inconstitucionalidad de ese régimen.

Asociación por los Derechos Civiles (ADC)
Sarmiento 1562 7º C- Capital Federal
T.E./Fax 4-382-8369
Página web: http://www.derechosciviles.org.ar
Correo electrónico: asociacion@derechosciviles.org.ar

Clarin, Jueves 18 de julio de 2002