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DESENCUENTRO EMPRESARIO-ESTATAL
Nuestro país viene atravesando, como es de conocimiento general, un largo y severo proceso de estancamiento que afecta a toda la República y, en especial, a las economías regionales, particularmente a las pequeñas y medianas empresas que justamente son las que proveen al país la mayor fuente de ocupación laboral. El Estado, en todas sus instancias y jurisdicciones, especialmente en los países subdesarrollados o en vía de desarrollo como el nuestro, no puede supeditar su crecimiento exclusivamente al accionar y libre desenvolvimiento del mercado sin adoptar iniciativas propias, porque eso lo lleva a depender en definitiva del arbitrio y voluntad de las grandes empresas internacionales y sus respectivos monopolios u oligopolios, las que, habitualmente a través del "dumping", destruyen la competencia nacional y promueve el cierre de sus actividades. Recientemente hemos tenido la oportunidad de enterarnos a través de los medios periodísticos que en una importante operación de "leasing" realizada por la Dirección Provincial de Vialidad, para la provisión de máquinas viales, no habría sido invitada a participar. Precisamente era la única fábrica del país productora de esos bienes, pese a las normas y recomendaciones del "compre nacional" y, lo que es peor aún, el principio de "igualdad de oportunidades para todos". Si esto fuera realmente así, circunstancia que debería ser esclarecida definitivamente por una "comisión especial de funcionarios" no dependientes de la entidad en cuestión, se habría cometido un verdadero despropósito, contrario a los auténticos e impostergables intereses de crecimiento nacional. No sólo por la magnitud monetaria de esa operación, sino fundamentalmente por sus eventuales consecuencias si ello llegara a provocar la cesación y cierre de las actividades de dicha empresa que, precisamente, estaba a punto de extender sus operaciones de fabricación en otras zonas del país con la consecuente ampliación de fuente de trabajo que esto presentaría. Ello ratifica una vez más que los planes y programas económicos que el Estado decide implementar y poner en marcha, en sus respectivas jurisdicciones, no siempre son interpretadas debidamente por los funcionarios responsables de su ejecución. También viene al caso recordar, al respecto, que un simple llamado a licitación, concurso o consulta de precios, pública o privada, no lleva implícita la obligación tácita e inexcusable de proceder a su adjudicación y, mucho menos, si esto puede afectar el interés general del país o de sus habitantes. Por otra parte, las normas vigentes en materia de "compre nacional", particularmente en períodos de severos y largos procesos de recesión, responden básicamente a la necesidad de estimular la producción interna y preservar las fuentes laborales. Esto no pueden ignorarlo los países altamente desarrollados, que habiendo sido los mayores "Paladines" del "libre comercio" internacional, son hoy precisamente los que ponen mayores trabas e indiferencias, al libre acceso a sus respectivos países de productos agropecuarios argentinos. En consecuencia, si no se predica con el ejemplo; se establecen normas más apropiadas con un porcentaje más tolerable en la diferencia de precios entre lo nacional y lo importado; se incrementa el diálogo con los sectores productivos internos; se reducen los cargos impositivos y laborales; se contemple la posibilidad de aplicar aranceles u otras medidas a determinadas importaciones y utilización de servicios exógenos; se ayude al productor a obtener nuevos mercados externos a través de la información y concentración de convenios internacionales; etc.; no se logrará la eficacia necesaria para incrementar significativamente la producción nacional.
(*) Dr. en Ciencias Económicas; ex subdirector de Comercio de la Nación.
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